La Corte Suprema de Justicia emitió sentido de fallo condenatorio en contra del exgobernador de La Guajira José María Ballesteros Valdivieso.

Así lo informó la Fiscalía en un comunicado de prensa en el que indica que "Ballesteros Valdivieso suscribió de manera irregular, el 20 de octubre de 2014, el convenio de cooperación técnica y científica número 19 con la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud (OLFIS), cuyo propósito era investigar y determinar la manera como se podría mitigar el riesgo de dengue en La Guajira".

Según el ente investigador determinó que "el exmandatario departamental, a lo largo del proceso, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y concusión".

Las pruebas

La cadena de irregularidades fue evidenciada por la Fiscalía tras comprobar que el exmandatario entregó a la organización Olfis (Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud) el contrato cuyo monto total superó los 18.000 millones de pesos, sin tener en cuenta que esta empresa no tenía la experiencia, ni la capacidad operativa, administrativa y técnica para cumplir lo dispuesto en el convenio.

La Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema de Justicia pudo demostrar el uso indebido del primer avance por 1.746 millones de pesos, provenientes del Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema de Regalías. Por ejemplo, se estableció que Olfis destinó cerca de 7 millones de pesos para la compra de baldes que -dijo- fueron utilizados en la implementación de trampas; y 151 millones más los invirtió, supuestamente, para el pago de personal que nunca desempeñó las labores para las que fue contratado.

"A estas irregularidades se sumó la destinación de 39 millones de pesos que la organización afirmó fueron utilizados para el alquiler de vehículos que no prestaron servicio alguno", reveló la Fiscalía.

Adicionalmente, duplicó funciones administrativas para manejo de personas y contabilidad por más de 249 millones de pesos en equipos de seguridad industrial, logística y traslado de muestras.

En la decisión los magistrados dieron por probado que Ballesteros Valdivieso exigió una suma de dinero a los co-estructuradores del proyecto Boris Corrales Higuera y Eduardo José Sierra Gutiérrez y, adicionalmente, por intermedio de su padre le solicitó al representante legal de Olfis, Fredi Alexander Díaz Quijano, la suma de 200 millones de pesos como contraprestación por la adjudicación contrato y el primer desembolso.

La Corte Suprema de Justicia programó para el próximo 24 de septiembre la lectura de sentencia condenatoria.